Transferencias monetarias, pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe

Evaluamos los sistemas de transferencias monetarias no contributivas en 17 países de América Latina y el Caribe para identificar factores que les impiden reducir la pobreza y la desigualdad. Para realizar esta evaluación, analizamos tres dimensiones de tamaño (número de beneficiarios, tamaño de la transferencia por beneficiario y tamaño del presupuesto total) y tres dimensiones de focalización (cobertura, filtración y calidad de la focalización demográfica).
Identificamos 67 programas, que se dividen en tres categorías amplias: transferencias monetarias condicionadas, pensiones no contributivas y otras transferencias. Utilizamos una línea de pobreza internacional de 6,85 dólares PPA por día (similar a la línea de pobreza nacional promedio de los países de ingresos medianos altos) y ajustamos las ponderaciones de las encuestas para corregir el hecho de que los datos de las encuestas de hogares a menudo subestiman el número oficial de beneficiarios de transferencias en comparación a fuentes administrativas. Mostramos que dos factores clave limitan el efecto de los programas de transferencias monetarias sobre la pobreza y la desigualdad: el pequeño tamaño de sus transferencias y la histórica subcobertura de la población que vive en pobreza. Las transferencias representan aproximadamente el 33% de la brecha de pobreza. Además, solo el 55% de la población que vive en situación de pobreza se beneficia de estos programas. El 41% de las personas que viven en hogares que reciben al menos una transferencia no contributiva se encuentran por encima de la línea de pobreza. Los niños y los pueblos indígenas están subrepresentados, en relación con su tasa de pobreza, en las listas de beneficiarios. Brasil, Surinam, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay obtienen consistentemente las puntuaciones más altas en todas las categorías de evaluación. Nuestras recomendaciones de políticas incluyen: (i) intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura entre los pobres, utilizando técnicas modernas de mapeo de la pobreza junto con búsquedas activas sobre el terreno y (ii) recertificar la elegibilidad para programas de transferencias con mayor frecuencia mediante el uso de datos administrativos y registros sociales altamente interoperables. Ambos esfuerzos son necesarios para crear sistemas de protección de ingresos más eficientes que aborden tanto la pobreza estructural como la transitoria.